| Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández |
No es nada inusual que en una zona de guerra se queden sin registrar gran número de muertos. La experiencia de los epidemiólogos que trabajan en las zonas de guerra por todo el mundo corrobora ese hecho, que la “búsqueda pasiva de información” de los muertos en una guerra sólo recoge entre el 5% y el 20% de la cifra total de muertes. Esto es consecuencia, parcialmente, de la transformada naturaleza de la guerra moderna. Alrededor del 86% de las personas asesinadas en la Primera Guerra Mundial eran combatientes uniformados cuyas identidades fueron meticulosamente registradas. El 90% de la gente asesinada en las guerras recientes han sido civiles, haciendo que el recuento y su identificación sea mucho más difícil.
En mi libro “Blood on our hands: the American invasión and destruction of Iraq”, expliqué los esfuerzos para contar los muertos en Iraq. Lo que expongo a continuación es un fragmento bastante amplio del libro, y les insto a leerlo si realmente quieren aprehender la medida de la matanza masiva que nuestro país le ha infligido al pueblo de Iraq:
“El Ministerio de Sanidad del gobierno interino de Iraq empezó en 2004 a recoger cifras de mortalidad de civiles en los hospitales, y en junio de aquel año, empezó a desglosar las cifras de las personas muertas por las fuerzas de la resistencia de las de los muertos por las fuerzas ocupantes estadounidenses y sus aliados. A la corresponsal de Knight Ridder, Nancy Youssef, se le dieron cifras del período comprendido entre el 10 de junio y el 10 de septiembre de 2004, que ella expuso en el artículo del Miami Herald titulado ‘U.S. attacks, no insurgents, blamed for most Iraqi deaths’[Los ataques estadounidenses, y no los insurgentes, son los culpables de la mayoría de las muertes iraquíes] (135).
Durante ese período de tres meses, el Ministerio de Sanidad contó hasta 1.295 iraquíes asesinados por las fuerzas ocupantes y 516 en lo que el Ministerio denominó como operaciones terroristas, pero se mostró conforme con los responsables de los hospitales que le dijeron a Youssef que esas cifras captaban sólo una parte del número total de víctimas. La oficina de prensa de la CENTCOM [Mando Central de EEUU] se negó a proporcionarle una estimación alternativa, aunque admitió que el mando estadounidense tenía una, y el Comité Internacional de la Cruz Roja le dijo que no tenía en Iraq personal suficiente como para poder recopilar esa información.
Youssef preguntó si algunos de los iraquíes registrados como muertos por las fuerzas ocupantes podían haber sido combatientes de la resistencia, pero el Dr. Shihab Yasim, de la sección de operaciones del Ministerio de Sanidad le dijo que el Ministerio estaba convencido de que casi todos los muertos eran civiles, porque un miembro de una familia no iría a informar al Ministerio de Sanidad, controlado por la ocupación, que su familiar había muerto combatiendo para el Ejército del Mahdi u otras fuerzas de la resistencia. Este punto de vista fue corroborado por el Dr. Yasin Mustaf, administrador adjunto del Hospital al-Kimdi en Bagdad: ‘La gente que participa en el conflicto no viene al hospital. Sus familias temen que les castiguen. Normalmente, es la gente civil inocente la que viene al hospital. Eso es lo que esas cifras reflejan’.
El Dr. Walid Hamed, otro responsable del Ministerio de Sanidad dijo a Youssef: ‘Todo el mundo tiene miedo de los estadounidenses, no de los combatientes. Y deberían temerles también’. Otro doctor con quien habló había perdido a su propio sobrino de tres años en un tiroteo en un control, y un doctor de la morgue de Bagdad le habló de una familia de ocho miembros asesinados por un helicóptero de combate en una azotea a la que habían subido a dormir para escapar de la canícula veraniega. En conjunto, las autoridades atribuían el alto número de víctimas civiles asesinadas por las fuerzas ocupantes más a los ataques aéreos que a los disparos de las fuerzas terrestres.
También en septiembre de 2004, un equipo internacional de epidemiólogos, dirigidos por Les Roberts y Gilbert Burnham, de la Escuela Johns Hopkins de Sanidad Pública, y los Dres. Lafta y Judhairi, de la Universidad Al-Mustansiriya de Bagdad, dirigieron el primero de dos estudios mucho más científicos sobre la mortalidad en Iraq. Ese estudio cubría los primeros dieciocho meses de guerra. Roberts había trabajado con un equipo conjunto del Centro para el Control de Enfermedades y con Médicos Sin Fronteras en Ruanda en 1994, y había dirigido estudios parecidos en zonas en guerra por todo el mundo. Las estimaciones de la mortalidad que encontró en la República Democrática del Congo (RDC) en 2000 fueron ampliamente citadas por los dirigentes británicos y estadounidenses y, tras ese informe, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas redactó una resolución que exigía la retirada de todas las fuerzas extranjeras de la RDC.
En Iraq, los epidemiólogos hallaron que: ‘se habían generalizado las muertes violentas… que se atribuían principalmente a las fuerzas de la coalición. La mayoría de las víctimas presuntamente asesinadas por esas fuerzas eran mujeres y niños… Haciendo un cálculo conservador, pensamos que ha habido un exceso de 100.000 muertos o más desde que se produjo la invasión de Iraq en 2003. La violencia responsable de la mayor parte del exceso de muertes y los ataques aéreos de las fuerzas de la coalición explican la mayor parte de las muertes violentas’. Ese informe se publicó en TheLancet, la revista médica británica, en noviembre de 2004 (136).
A la luz de las pruebas ya existentes que dejaban claro que los ataques aéreos de la ‘coalición’ habían matado a miles de civiles, tanto durante como después de la invasión, no había nada sorprendente en sus conclusiones. Sin embargo, los gobiernos británico y estadounidense rechazaron velozmente ese informe. Los medios estadounidenses, siguiendo con su tradición de deferencia hacia sus autoridades, tomaron ejemplo del gobierno y más o menos ignoraron el estudio. Tras la publicación del estudio del segundo equipo epidemiológico en 2006 (*), que cosechó un poco más de atención, el Presidente Bush dijo tan sólo: ‘No lo considero un informe creíble’.
El cinismo de esos desprecios oficiales quedó expuesto finalmente en otra serie de documentos británicos filtrados. El 26 de marzo de 2007, la BBC publicó un memorandum de Sir Roy Anderson, el científico asesor-jefe del Ministerio británico de Defensa, en el cual describía los métodos de los epidemiólogos como ‘lo más cercano a la buena práctica’ y el diseño del estudio como ‘robusto’. Esos documentos incluían memorandos enviados de ida y vuelta entre preocupados funcionarios británicos, que decían cosas como: ‘¿Estamos realmente seguros de que es probable que ese informe se ajuste a la verdad? Eso es ciertamente lo que implica el escrito’. Otro funcionario contestaba: ‘No aceptamos la exactitud de las cifras que aparecen en la investigación de The Lancet’, pero añadía, en el mismo email: ‘No podemos desechar la metodología de investigación utilizada, se trata de una forma probada y contrastada de medir la mortalidad en zonas de conflicto’ (137).
La metodología a la que los funcionarios británicos se referían se había basado en una ‘investigación mediante muestras de grupos’, el mismo tipo de estudio que Les Robert había utilizado en la República Democrática del Congo en 2000. El Primer Ministro Blair había citado públicamente esas cifras del estudio en la Conferencia de 2001 del Partido Laborista para justificar la política británica en África, pero rechazó el estudio realizado en Iraq declarando ante los periodistas en diciembre de 2004: ‘Las cifras aportadas por el Ministerio iraquí de Sanidad, que responden a una investigación realizada en sus hospitales, son, bajo nuestro punto de vista, la investigación más exacta existente’. Esto resulta de interés a la luz del informe de Youssef. Blair rechazó las cifras totales del informe de Lancet, pero evitó la pregunta, mucho más sensible, de quién había matado a toda esa gente, cuestión ésta en la que tanto el Ministerio de Sanidad como los epidemiólogos estaban completamente de acuerdo.
Los medios occidentales han venido citando al Ministerio de Sanidad iraquí a muy amplios niveles y a Iraqbodycount.org como fuentes de las cifras de mortalidad civil, pero ambos habían utilizado una metodología pasiva para contar las muertes, añadiendo simplemente aquellas de las que se había informado bien en los registros de los hospitales o en los relatos de los medios occidentales. La experiencia de los epidemiólogos que trabajan en las zonas de guerra por todo el mundo corrobora ese hecho, que la ‘búsqueda pasiva de información’ de las cifras de muertos en una guerra sólo capta entre el 5% y el 20% del total de muertes. Por esa razón es por la que han desarrollado la investigación por muestreo para conseguir un cuadro más exacto del impacto letal de los conflictos en los civiles, para así facilitar que los gobiernos, las agencias de las Naciones Unidas y las ONG respondan de forma más adecuada.
El método de investigación por muestreo utilizado en zonas de guerra se adoptó a partir de la práctica epidemiológica en otros tipos de crisis de sanidad pública, mediante la investigación de una muestra representativa de grupos de población para valorar la extensión total de un problema sanitario que afecte a toda la población. Como Les Robert señalaba: ‘En 1993, cuando el Centro para el Control de Enfermedades de EEUU seleccionó al azar 613 hogares en Milwaukee y concluyó que 403.000 personas habían desarrollado Cryptosporidum en el mayor brote jamás recogido en el mundo desarrollado, nadie dijo que las 613 unidades familiares no fueran una muestra suficientemente grande. Resulta extraño que la lógica de la epidemiología abrazada cada día por la prensa en relación a nuevas medicinas o riesgos sanitarios cambie de alguna manera cuando el mecanismo que produce la muerte son sus fuerzas armadas’ (138).
En Iraq, en septiembre de 2004, los equipos epidemiológicos investigaron 988 unidades familiares en 33 grupos de diferentes partes del país, tratando de equilibrar el riesgo de los equipos de investigación con el tamaño necesario para una muestra significativa. Michael O’Toole, director del Centro Internacional de Salud en Australia, dijo: ‘Es un tamaño clásico de muestra. No veo prueba alguna de exageración significativa… En todo caso, creo que las muertes deben haber sido más porque no han podido trabajar con las familias donde todos sus miembros habían muerto’.
Más allá de la falsa controversia en los medios acerca de la metodología de esos estudios epidemiológicos, había una cuestión importante en el estudio de 2004 en relación con las cifras, que fue la decisión de excluir de los datos a un grupo de Faluya debido al altísimo número de muertes que se sabía se habían perpetrado allí (incluso aunque la investigación se completara antes del ataque final contra la ciudad en noviembre de 2004). Roberts escribió en una carta a The Independent: ‘Por favor, comprendan que fuimos extremadamente conservadores: hicimos una estimación para el estudio de 285.000 personas muertas en los primeros dieciocho meses de invasión y ocupación, y acabamos informando que habían sido al menos 100.000’.
El dilema al que se enfrentaron fue éste: en los 33 grupos investigados, 18 informaron de muertes no violentas (incluido uno situado en Ciudad Sadr), los otros 14 grupos informaron de un total de 21 muertes violentas y la muestra de Faluya informó de 52 muertes violentas. Esta última cifra es conservadora por la razón subrayada por Michael O’Toole. Como el informe afirmaba: ‘23 hogares de los 52 visitados habían sido temporal o definitivamente abandonados. Los vecinos entrevistados describieron una gran mortalidad en la mayor parte de los hogares abandonados pero no pudieron dar detalles precisos como para poder incluirlos en la investigación’.
Dejando a un lado este último factor, había tres posibles interpretaciones de los resultados de Faluya. La primera, que fue la que los epidemiólogos adoptaron, era que el equipo había tropezado al azar con una muestra de hogares donde el número de muertos era tan alto que no resultaba representativo y por tanto no era importante para la investigación. La segunda posibilidad era que ese resultado considerado entre los 33 grupos, en el que la mayor parte de las víctimas pertenecían a un grupo y muchos otros daban cero víctimas, era una representación precisa de la distribución de víctimas civiles en un país sometido a bombardeo aéreo de ‘precisión’. La tercera posibilidad, que incorporaba eficazmente las dos anteriores era que el grupo de Faluya era atípico, pero no lo suficientemente anormal como para justificar su exclusión total del estudio, por eso el número real de exceso de muertes está en algún lugar entre las cifras de 100.000 y 285.000.
Sin embargo, en cada caso, esas cifras eran sólo el punto medio de un registro estadístico, dejando una considerable incertidumbre acerca del número actual de muertos. Los epidemiólogos hallaron, con un 95% de seguridad, que el exceso de muertes como resultado de la guerra, excluyendo el 3% del país representado por la muestra de Faluya, estaba en algún punto entre 8.000 y 194.000. En sí mismo, esto no apenas podía ser una conclusión sólida o satisfactoria.
No obstante, era muy improbable que el número actual de muertos estuviera cercano a cualquiera de esos extremos y había un 90% de probabilidades de que fueran más de 44.000.
La muestra de Faluya, al representar estadísticamente al 3% más devastado del país, informaba de 52 del total de 73 muertes violentas halladas en la investigación. Incluso aunque esta no fuera una representación perfecta de la distribución de las muertes violentas, por definición, esas zonas del país sufrieron considerablemente mucho más que otras áreas y, sin embargo, la estimación publicada de 100.000 muertes violentas incluía efectivamente cero muertes violentas en esas zonas. El equipo investigador que visitó Faluya informó que ‘inmensas zonas de la ciudad habían quedado tan devastadas en igual o peor grado que la zona que había elegido al azar para investigar’, por tanto el área elegida pareció de hecho ser representativa de muchas zonas gravemente bombardeadas. Uno podía por tanto llegar a la estimación de ‘alrededor de un exceso de 100.000 muertes o más’ al estudiar los datos de la investigación de varias formas, lo que hizo que los autores confiaran firmemente en su interpretación. Hubo otros sesgos conservadores integrados en el estudio, como el de ignorar las casas vacías y bombardeadas, como Michael O’Toole indicaba, pero no se hizo ninguna crítica seria de que su método pudiera provocar una sobrevaloración de muertes. La principal crítica, formulada por políticos y periodistas, fue que estos estudios producían estimaciones más altas que las del recuento pasivo, pero eso es exactamente lo que uno podía esperar.
Una investigación más amplia que produjo menores cifras de mortalidad civil fue la denominada Iraq Living Conditions Survey [Investigación sobre las Condiciones de Vida en Iraq, ICVI]. Fue el Ministerio de Planificación y Cooperación para el Desarrollo de la Autoridad Provisional de la Coalición quien la llevó a cabo en abril y mayo de 2004 y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) la publicó en mayo de 2005. El imprimátur del PNUD y el amplio tamaño de la muestra dieron credibilidad a su tranquilizadora baja cifra de alrededor de 24.000 ‘muertes por la guerra’(139).
No obstante, su estimación del número de muertos por la guerra se derivaba de una única pregunta planteada a las familias en el curso de una entrevista de 90 minutos de duración sobre las condiciones de vida dirigida por los funcionarios del gobierno de la ocupación. A diferencia, los estudios sobre mortalidad publicados en The Lancet se diseñaron con el único propósito de averiguar cifras exactas de mortalidad e incluían grandes precauciones para garantizar el anonimato de los entrevistados y para tranquilizarles sobre la independencia de los equipos investigadores.
Jon Pederson, el diseñador noruego de la ICVI, dijo él mismo que sus cifras de mortalidad eran ciertamente demasiado bajas. Los equipos de investigación que volvieron a las mismas casas y preguntaron sólo sobre las muertes de niños se encontraron con casi el doble de las que aparecían en la encuesta principal. Esto sugería precisamente que existía resistencia a informar de las muertes violentas que Roberts y sus colegas trataron de superar haciendo mucho hincapié en su imparcialidad. Y en abril o mayo de 2004, una pregunta sobre los “muertos de la guerra” podía todavía interpretarse que se refería sólo a la invasión misma, en oposición a la larga guerra de guerrillas que la siguió. Esta interpretación se apoya en el hecho de que más de la mitad de las muertes informadas en la ICVI se habían producido en la región sur de Iraq, que se llevó la peor parte de la invasión pero que posteriormente estuvo más tranquila que otras regiones.
En enero de 2005, el Ministerio de Sanidad proporcionó a la BBC un extracto de la investigación hecha en su hospital durante los seis meses anteriores que describía un cuadro similar al que se le dio a Nancy Youssef, del Knight Ridder, en septiembre. Recogía 2.041 civiles asesinados por las fuerzas estadounidenses y sus aliados, y 1.233 por supuestos insurgentes. Después de que la BBCtransmitiera esas cifras por todo el mundo, recibió una llamada del Ministro de Sanidad del gobierno de la ocupación afirmando que el informe de su ministerio estaba falseado y que el número de muertos atribuido a las fuerzas ocupantes no era exacto. La BBC se retractó y el Ministerio de Sanidad dejó de proporcionar desgloses de cifras que atribuyeran cualquier responsabilidad a las fuerzas ocupantes por las muertes de civiles (140).
Otro recuento a nivel nacional de civiles asesinados lo publicó un grupo llamado Iraqiyun el 12 de julio de 2005. Iraqiyun era un grupo humanitario iraquí dirigido por el Dr. Hatim Al-Alwani y afiliado al partido político del presidente interino Ghazi Al-Yawer. Recogía en aquel momento 128.000 muertes violentas, de las cuales el 55% eran mujeres y niños menores de 12 años. El informe especificaba que incluía sólo muertes confirmadas de las que se había informado a los familiares, omitiendo cifras importantes de personas que habían sencillamente desaparecido sin dejar huella alguna en medio de la violencia y el caos. Era muy improbable que un esfuerzo como ese recogiera todos y cada uno de los muertos que hubieran podido producirse pero era un recuente importante, por las razones ya mencionadas (141).
Después, entre mayo y julio de 2006, Roberts, Burnham y Lafta dirigieron un segundo estudio epidemiológico en Iraq para actualizar su estimación de al menos 100.000 muertes entre marzo de 2003 y septiembre de 2004. Aumentaron el tamaño de su muestra a 1.849 hogares, que comprendían 12.801 individuos en 47 grupos. Investigaban en esta ocasión los resultados de cuarenta meses de guerra. Estos factores les permitieron limitar el alcance estadístico de sus resultados. Esta vez pudieron decir, con el 95% de certeza, que entre 426.000 y 794.000 iraquíes habían muerto violentamente como consecuencia de la guerra. Estimaron que, en el mejor de los casos, había habido un exceso de 655.000 muertes, de las cuales alrededor de 600.000 fueron muertes violentas. Pudieron validarse los resultados de la anterior investigación de que en octubre de 2004 habían muerto al menos 100.000 iraquíes, con una nueva estimación de exceso de muertes, para ese período, de 112.000. Esto validó también el supuesto conservador de que la muestra de Faluya era inusual pero no irrelevante (142).
Encontraron también algunos cambios en el modelo de muertes violentas. Los tiroteos eran ahora la causa más común en el número global de muertes, y ‘la proporción de muertes atribuidas a la coalición había disminuido en 2006, aunque las cifras actuales habían ido aumentando cada año’. Sin embargo, su conclusión global fue que: ‘La cifra de gente que muere asesinada en Iraq sigue aumentando’.
Esta tendencia general era extremadamente preocupante, con cada período recogiendo más muertes violentas que en el anterior y con una proliferación de los tipos de violencia según pasaba el tiempo. Los ataques aéreos eran ahora causa de sólo el 13% del total de muertes violentas, pero seguían siendo responsables de las muertes de alrededor de la mitad de todos los niños asesinados en Iraq, resaltando la naturaleza inherentemente indiscriminada del potente armamento lanzado desde el aire. Se había registrado un inmenso aumento en las muertes violentas entre los varones de edades comprendidas entre los 15 y los 44 años, reflejando ahora el 59% de todas las muertes violentas, pero los epidemiólogos decidieron no intentar diferenciar entre muertes de combatientes y de no combatientes. Con gran parte de la población implicada ahora en la resistencia armada frente a la ocupación, sentían que hacer preguntas sobre este extremo podía poner a los equipos de la investigación ante graves riesgos y que las respuestas no iban a ser en ningún caso fiables.
Los hogares atribuyeron el 31% de las muertes violentas a las fuerzas de la coalición, lo que suponía una estimación de al menos 180.000 personas asesinadas directamente por los estadounidenses y otras fuerzas extranjeras ocupantes. Sin embargo, el informe señalaba que: ‘No se clasificaron algunas de las muertes como provocadas por las fuerzas de la coalición si en los hogares habían algún tipo de incertidumbre sobre la parte responsable; en consecuencia, la cifra de muertes y la proporción de muertes violentas atribuibles a la coalición se ajusta a criterios conservadores’. Asimismo, las fuerzas iraquíes reclutadas y entrenadas por las fuerzas de EEUU y bajo su mando jugaron un papel cada vez mayor en la guerra, en particular en el reino del terror lanzado en Bagdad en mayo de 2005. Esas fuerzas fueron responsables de las ejecuciones sumarias de miles de hombres jóvenes y adolescentes, pero esas muertes no se atribuyeron en ese estudio a las fuerzas de la ‘coalición’.
En enero de 2008, se publicaron dos estudios más sobre la mortalidad en Iraq. El primero fue la Iraq Family Health Survey [Investigación sobre la Salud Familiar en Iraq, ISFI), que realizó el mismo grupo (COSIT, por sus siglas en inglés) que había dirigido el estudio de 2004, la ICVI citada arriba. Este estudio se centró exclusivamente en la cifra de muertos y contó con alguna cooperación de la Organización Mundial de la Salud. Se publicó en el New England Journal of Medicine. Investigó las muertes habidas sólo hasta junio de 2006, para proporcionar una comparación con la segunda investigación de Roberts, Burnham y Lafta. Aunque también encontró pruebas de un inmenso incremento en la tasa de mortalidad desde la invasión, la ISFI concluyó con una estimación mucho más baja, alrededor de 150.000 muertes violentas (143).
Lamentablemente, hay varias razones para dudar de la exactitud de esta cifra más baja. Al igual que la ICVI de 2004, este estudio lo llevaron a cabo los empleados de un gobierno que formaba parte de la violencia que se intentaba cuantificar. Por tanto, podía predecirse que las cifras reales iban a subestimarse. En segundo lugar, sus cálculos acerca de la tasa de mortalidad anterior a la invasión para el año 2002 fue de alrededor de la tercera parte de la tasa oficial de mortalidad recogida por la OMS. En tercer lugar, no encontró incrementos en la tasa de muertes violentas de año en año entre 2003 y 2006. Cualquier otra serie de datos de que se dispuso, desde los estudios de mortalidad a las estadísticas sobre violencia en Iraq del Pentágono, mostraban que la violencia aumentaba año tras año. En cuarto lugar, se halló que sólo una de cada seis muertes tras la invasión se debía a la violencia, frente a la mayoría de muertes por la violencia de otros estudios epidemiológicos y de investigaciones independientes en los cementerios.
Un quinto factor que seguramente contribuyó a la baja cifra de mortalidad de la ISFI fue que era imposible investigar la mortalidad en las zonas más peligrosas, el 11% de Iraq. Se intentó compensar esto basándose en la distribución regional de muertes violentas de Iraqbodycount.org (IBC), que registra las muertes recopilándolas a partir de los informes de los medios internacionales. Sin embargo, como las áreas no investigadas eran también las más peligrosas para los periodistas internacionales, inevitablemente, IBC desestimaba también las muertes de esas zonas. Y la ISFI utilizó todo ese modelo distorsionado basado en la información pasiva para hacer su estimación sobre las muertes en las partes más letales del país.
La otra investigación, publicada en enero de 2008, la dirigió entre agosto y septiembre de 2007, Opinion Research Business (ORB), una firma de encuestas británica, conjuntamente con el Instituto Independiente de Iraq para la Administración y Estudios de la Sociedad Civil. Investigaron en 2.414 hogares y les preguntaron si habían perdido a algún miembro de la familia a causa de la violencia desde que se produjo la invasión. No pudieron investigar en tres provincias (Anbar, Karbala e Irbil), y la mayoría del 8% de los hogares que se negaron a contestar pertenecía a Bagdad, donde las tasas de mortalidad eran de las más altas. Estos factores contribuyeron a crear un sesgo conservador en sus estimaciones. A pesar de todo esto, ORB halló que alrededor del 20% de los hogares investigados habían perdido al menos a uno de sus miembros, y estimaron que habían muerto en la guerra alrededor de 1,03 millones de personas. Sin tratar de compensar los sesgos conservadores mencionados, sus datos y el tamaño de la muestra otorga un 95% de fiabilidad a una cifra de muertos de entre 946.000 y 1,12 millones (144).
Tras la publicación del segundo estudio epidemiológico en The Lancet (*), la escala de muertes violentas que reveló fue gradualmente reconociéndose entre los círculos educados de Occidente, incluido Estados Unidos. La investigación de ORB proporcionó confirmación independiente del nivel de violencia. También sugería que las muertes habían continuado aumentando durante al menos otro año tras la publicación del citado segundo estudio de The Lancet y que es muy probable que la cifra total superara el millón de muertes violentas.
El trabajo de todos estos investigadores mostró que Estados Unidos y otros gobiernos modernos no pueden desencadenar un tipo de violencia así en ningún otro país sin tener que hacer frente finalmente a las consecuencias de la preocupación de la opinión pública por la naturaleza y magnitud de sus efectos. Y, aunque las autoridades estadounidenses nunca lo admitan en público, la publicación de estos estudios servirá probablemente para refrenar algunos de sus más violentos impulsos de los comportamientos en una guerra.”
Notas:
135. Nancy Youssef: "U.S. attacks, not insurgents, blamed for most Iraqi deaths”, Miami Herald, 25 septiembre 2004: http://www.commondreams.org/
136. Les Roberts et al.: "Mortality before and after the 2003 invasion of Iraq: cluster sample survey”, The Lancet, Vol. 364, 20 noviembre 2004.
137. Owen Bennett-Jones: "Iraq deaths survey was robust”, BBC World Service, 26 marzo 2007: http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_
138. Nicolas J. S. Davies: "Burying the Lancet report” Z Magazine, febrero 2006.
139. http://www.iq.undp.org/ilcs.
140. "BBC obtains Iraq casualty figures”, BBC News, 28 enero 2005. Informe original en: http://www.
141. "Iraqi civilian casualties”, United Press International, 12 julio 2005. http://www.upi.com/Security_
142. Gilbert Burnham et al.: "Mortality after the 2003 invasion of Iraq: a crosssectional cluster sample survey”, The Lancet, 11 octrubre 2006.
143. Iraq Family Health Survey Study Group, "Violence-related mortality in Iraq from 2002 to 2006”, New England Journal of Medicine, Vol. 358: 484-493, 31 enero 2008.
144. http://www.opinion.co.uk/
N. de la T.
(*) Véase traducción informe completo investigación 2006 de The Lancet en: http://www.rebelion.org/
Fuente: http://warisacrime.org/
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